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EFE
Argumentan que en Chile no existen presos políticos y remarcan que los imputados están privados de libertad por “delitos comunes”. De los cinco parlamentarios consultados por El Día, solo Daniel Ñúñez ha indicado que respaldará la iniciativa.

El Consejo de Fiscales de Chile mostró su rechazo hacia el proyecto de ley presentado por senadores de la oposición que busca indultar a quienes cometieron delitos durante la ola de protestas iniciada en octubre de 2019. 

“Las personas sometidas a la acción de los Tribunales de Justicia de Chile no están en esta condición por su pensamiento o por sus opiniones, sino por actos que son constitutivos de delito”, afirmó el máximo órgano del Ministerio Público en un comunicado. Los fiscales miembros del consejo negaron la existencia de presos políticos y afirmaron que la iniciativa legislativa, presentada la semana pasada por un grupo de parlamentarios de izquierda y centro-izquierda, podría constituir una “gravísima señal para la convivencia social”. 

Consultados por El Día los diputados de la zona concuerdan, en su mayoría, con la versión de la Fiscalía Nacional. El diputado Sergio Gahona (UDI) sostiene que no es un proyecto correcto, porque pretende indultar delitos gravísimos como homicidio frustrado e incendios con causa de muerte, sin otra restricción que la temporal, es decir entre el 7 de octubre 2019 y el 9 diciembre 2020.

“Fueron detenidos por delitos y no por el lugar en que vivían y lo que pensaban. El proyecto tiene errores porque lo que pide es más que un indulto, es amnistía, es decir no pretende eliminar la pena, sino el delito de la hoja de vida de las personas que están detenidas”, afirma el gremialista

Gahona manifiesta que la iniciativa no respeta a las víctimas, quienes merecen un debido proceso judicial. “Es un proyecto que se entromete en la independencia del Poder judicial, lo que es atentatorio de los equilibrios de los poderes del Estado” indicó.

A su vez, el diputado Matías Walker (DC) dice que coincide con el padre Felipe Berríos, y con las organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch, que han señalado que en Chile no hay presos políticos, respaldando, además, lo dicho por la Asociación de Fiscales. 

“En Chile nadie está privado de libertad por su pensamiento y no corresponde una ley General de indulto, porque de haber una ley general de amnistía tendríamos que indultar al ciudadano norteamericano que se puso a disparar en Reñaca en contra de manifestantes que se estaban congregando pacíficamente en el espacio público”, sostiene el diputado DC.

Walker concluye que es distinto poder revisar con un criterio de justicia situaciones de personas que podrían obtener una pena probable que no es tan alta y que llevan un año en prisión preventiva, pero eso vale para todas las personas que están bajo prisión preventiva. 

Más tajantes fueron los parlamentarios Juan Manuel Fuenzalida (UDI) y Francisco Eguiguren (RN), quienes insisten que los manifestantes no son condenados por su forma de pensar , por el contrario que son delitos comunes.

Fuenzalida reitera que es contrario al indulto y que no se pueden calificar de hechos políticos cuando son delictuales. “El indulto no corresponde. Estaríamos normalizando este tipo de conductas donde hay manifestaciones violentas, en que se destruye la propiedad pública y privada, se pone en riesgo la salud psíquica y física de las personas”, reafirma Fuenzalida.

Al respecto, Francisco Eguiguren es tajante al indicar que no corresponde por ninguna circunstancia que delincuentes sean indultados. “Estas personas no son idealistas, no son personas que han actuado por ideales políticos o de ninguna naturaleza. Han destruido la fuente de trabajo de muchos chilenos, la propiedad pública, iglesias y el metro. No estoy de acuerdo que sean indultados deben ser tratados como los trata la legislación chilena para estos casos. Como cualquier chileno deben seguir bajo el peso de la Ley y lo que dictaminen los Tribunales”, señaló Eguiguren.

Penas desproporcionadas

El único de los diputados consultados por El Día que indicó que apoyará el proyecto es Daniel Núñez (PC), afirmando que los delitos que han cometido los manifestantes no ameritan las penas que se están aplicando.

“El hecho de participar en un desorden público como una barricada o enfrentamiento con Carabineros no es un delito que se deba estar condenado por seis meses o un año. Son penas desproporcionadas y es evidente que se está tratando de generar un castigo político hacia esas personas, eso es lo que rechazo categóricamente y apoyo la propuesta de indulto”, asevera el parlamentario comunista.

Núñez reconoce que existen casos extremos que deben ser analizados.“Nadie puede avalar que un intento de homicidio o una agresión quede impune. También debe haber proporcionalidad, no puede ser que la agresión de lanzar una piedra significa estar dos años preso y quien comete otro tipo de delito no le pasa nada. Es algo que tenemos que revisar y mirar en detalle. Soy partidario del indulto a las personas que en contexto de manifestaciones sociales se los haya involucrado en delitos del orden público. Si alguien disparó no es lo mismo que hacer un barricada, por eso son cosas que se deben ver caso a caso”, finalizó Daniel Núñez

 

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