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Legislador señaló que el proyecto de ley considera un nuevo crédito con garantía estatal, incluyendo una tasa flexible y una opción de financiamiento hasta el 2028.

Con un verdadero espaldarazo a las pequeñas y medianas empresas calificó el diputado Juan M. Fuenzalida la presentación del proyecto de ley “Reactiva”, por parte del ejecutivo, que permitirá a las pequeñas y medianas empresas optar a un nuevo crédito Fogape, el cual considera nuevas indicaciones y se presenta en un momento en que las Pymes han sido fuertemente golpeadas producto de las consecuencias económicas derivadas de la pandemia.

“Sin duda, que el Fogape 2.0 debe contar con un apoyo transversal en el parlamento, considerando el difícil momento que están atravesando las pequeñas y medianas empresas. Por ello, espero que la Banca, en especial la privada, no comience a colocar una especie de letra chica como ocurrió en el Fogape- covid, en que muchos emprendedores se encontraron con sorpresas en el momento de pedir el crédito, sumando una serie de requisitos que no estaban contemplados en la ley. Queremos que una vez aprobado este proyecto, las operaciones se cursen rápido, ya que los emprendedores necesitan liquidez para continuar con sus negocios”, sostuvo Fuenzalida.

El proyecto considera varias modificaciones con respecto a su versión anterior. Algunas de ellas son: permite ampliar hasta 5 años la garantía de los créditos Fogape- reactiva (actualmente el plazo máximo permitido es de 4 años). Paralelamente, se autoriza que los créditos que se otorguen bajo el nuevo programa, se usen para pagar deuda vigente, como los créditos Fogape-covid. Asimismo, este nuevo instrumento financiero permitirá aumentar los límites de las garantías Fogape en sectores económicos que se han visto más afectados por la crisis actual, tales como el turismo, la hotelería y gastronomía como también considera un periodo de postulación desde abril hasta diciembre del 2021.

Finalmente, el parlamentario indicó que el otorgamiento de estos futuros créditos se debe descentralizar, en el sentido de que las oficinas regionales y provinciales, tanto de Banco Estado como de la Banca privada, deben tener la capacidad para decidir cursar o no un crédito de este tipo. “Muchas veces la burocracia ante la falta de un documento por parte del solicitante hace que esta solicitud deba ingresar nuevamente a las áreas de riesgo y esa decisión puede tardar días o semanas, comenzando a generarse la incertidumbre en el emprendedor, el cual necesita este apoyo económico en el corto plazo para poder mantener en pie su negocio”, indicó el legislador.

 

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